Nous avons décidé de vous proposer une série d’articles (qui paraîtront au fur et à mesure sur le blog) pour aborder des thèmes qui pourraient tomber aux concours prépa en espagnol. Que ce soit à l’oral d’espagnol des concours ou à l’écrit, cette fiche d’espagnol vous donnera un peu de biscuits pour développer des arguments dans votre copie ou pour améliorer votre prononciation espagnole. Les cours d’espagnol en prépa sont souvent pris en tant que LV2, langue avec laquelle on est moins familier. Une connaissance de thèmes culturels du monde hispanophone vous avantagera grandement par rapport aux autres candidats.
Petit résumé de cette fiche en français
Depuis le vote d’une loi contre la « violence de genre » en 2004, l’Espagne est un pays pionnier en matière de lutte contre les violences faites aux femmes à l’échelle européenne. Cet article revient sur les principales mesures mises en place en Espagne ainsi que sur la prise de conscience qui les ont accompagnées. Dans une Espagne marquée par l’essor du mouvement féministe, l’heure est actuellement à la mise en place de mesures plus avancées suite à la signature d’un pacte étatique contre la violence de genre en 2017.
Cependant, la montée du parti d’extrême-droite Vox a remis en cause le consensus politique autour de cette question. La droite espagnole traditionnelle du Parti Populaire s’est montrée, dans ce contexte, plus ambiguë, sans pour autant véritablement remettre en cause les acquis contre la violence de genre.
España es un país pionero en la lucha contra la violencia de género. En Francia, términos como “violencia de género” o “feminicidio” apenas empiezan a imponerse en el debate público cuando en España se lleva más de quince años luchando contra estos fenómenos.
Existió hasta hace poco un verdadero consenso político en torno a este problema. Este consenso permitió la creación de todo un aparato legislativo y distintas medidas dirigidas a proteger a las mujeres de esta forma específica de violencia. Sin embargo, con la reciente entrada del partido de extrema-derecha Vox en el Congreso de los diputados (2019) y en ciertos parlamentos autonómicos (a partir de 2018), la situación parece hoy más compleja.
1. La ley de violencia de género
En 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE, Partido socialista obrero español) presentó un proyecto de ley cuyo objetivo era aportar soluciones contra la violencia ejercida contra la mujer por su pareja o expareja. El apoyo de los partidos políticos representados en el Congreso de los diputados –la cámara baja– y en el Senado –la cámara alta– fue unánime y permitió la aprobación de una ley a finales de diciembre 2004, conocida comúnmente como “ley de violencia de género”.
Su nombre completo es Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley propone, por un lado, una definición de la violencia de género, y por otro, unas medidas concretas para prevenirla, proteger a las víctimas y castigar de modo más contundente a los agresores.
En sentido estricto, la violencia de género designa cualquier violencia –física, psíquica, sexual– ejercida sobre una persona en razón de su género. Sin embargo, la violencia de género, en España, suele referirse de modo específico a la violencia ejercida por el hombre sobre la mujer.
La ley de 2004, en su exposición de motivos, define la violencia de género como “una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
El carácter “integral” de esta ley tiene que ver con su voluntad de aportar una respuesta global y estructural. No se trata solo de castigar sino también de prevenir desde distintos ámbitos como la educación o la sanidad. La ley establece que la enseñanza secundaria debe, en su currículo [le programme scolaire], educar en torno a la igualdad entre hombres y mujeres. En el ámbito sanitario, se prevé el establecimiento de protocolos de detección precoz de las mujeres víctimas de violencia de género.
En el ámbito penal, la ley se concentra en las violencias ejercidas en el marco conyugal. Establece que las agresiones cometidas por hombres contra sus parejas o exparejas se castigarán con mayor severidad. Es decir, es un agravante ser hombre y agresor de su cónyuge o ex cónyuge. Esta disposición generó en su momento una duda sobre la constitucionalidad de la ley ya que establece una discriminación penal positiva.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) no consideró la ley como anticonstitucional, ya que estimó que “una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural –la desigualdad el ámbito de la pareja–“ (sentencia 59/2008). En otras palabras, el TC reconoció la validez de la discriminación positiva al considerar que sí existe una discriminación estructural contra la mujer en la sociedad española que exige medidas específicas para remediarla.
2. Una temprana concienciación
¿Qué factores permiten explicar la concienciación más temprana de la sociedad española en torno a la violencia de género y la precocidad de la actuación política a nivel europeo? Lo primero que cabe señalar es que no se debe a una violencia machista más elevada en España que en el resto de Europa que habría podido explicar la necesidad de una reacción.
Las estadísticas no demuestran una mayor violencia machista en España que en Francia, al contrario. En 2017, hubo 108 feminicidios en Francia (67 millones de habitantes) frente a 47 en España, con una población de 47 millones de habitantes. La situación de la mujer española no tiene nada que ver con el papel de esposa sumisa que quiso imponer el franquismo (1939-1975).
Desde la Transición (1975-1982), todo un aparato legislativo (ley de divorcio de 1981, ley de despenalización del aborto de 1985 y su liberalización en 2010) así como profundos cambios culturales y sociales han hecho equivalente la condición de la mujer española a la de la mujer europea.
La toma de conciencia de la gravedad de la violencia machista surgió a finales de los años 1990 con el dramático asesinato de Ana Orantes Ruiz, quemada viva por su ex marido, en diciembre de 1997. El caso tuvo especial repercusión debido a que Ana Orantes había denunciado públicamente, en televisión y trece días antes de su muerte, la violencia y los malos tratos que le infligía su exmarido.
La visibilidad de este caso dio lugar a una gran preocupación social que se mantuvo viva a través de la importancia concedida a partir de entonces a la violencia de género y a los feminicidios en los medios de comunicación. Además, en los años siguientes, el mundo de la cultura participó en la concienciación social. En 2004, la cantante Bebe presentó el sencillo “Malo” que abordaba directamente la violencia de género –el estribillo reza “Malo, malo, malo eres/No se daña a quien se quiere, no;/Tonto, tonto, tonto eres/No te pienses mejor que las mujeres”– y conoció un gran éxito.
Un año antes, la directora de cine Icíar Bollaín había propuesto al público español, en 2003, con su película Te doy mis ojos, una reflexión sobre la violencia de género. Recompensada con seis premios goyas en 2004, entre los cuales el galardón a mejor película, la película propone un retrato complejo de una pareja en la que la mujer es víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su marido.
3. Efectos de la ley y perspectivas
Con ocasión de los 15 años de la ley de violencia de género, los medios de comunicación españoles han propuesto un balance de la actuación legal contra la violencia contra la mujer. El número anual de feminicidios no ha disminuido de modo significativo y las mujeres siguen denunciando poco el maltrato: tan solo una de cada cinco mujeres asesinadas había denunciado a su maltratador.
Lo que sí ha evolucionado es la mirada de la sociedad y la actuación de la justicia que es más contundente a la hora de castigar la violencia de género. Ciertas sentencias recogen expresiones antes reservadas al ámbito de la lucha feminista como “cultura patriarcal”.
Una creciente movilización social presiona al poder político para seguir adelante con la batalla por los derechos de la mujer. En 2014, la derecha española, con el gobierno de Mariano Rajoy, quiso elaborar una nueva ley de aborto para restringir este derecho antes de desistir, entre otros motivos por las manifestaciones multitudinarias de mujeres en Madrid.
El 7 de noviembre de 2015, con el apoyo de más 330 organizaciones feministas, se organizó una histórica “marcha estatal contra las violencias machistas” para protestar contra el todavía elevado número de feminicidios. También se trataba de pedir que se profundizara la ley de 2004 para tomar en cuenta la diversidad de la violencia de género, más allá de aquella propia al ámbito de la pareja.
Otro hito de la movilización feminista fueron las concentraciones feministas que reaccionaron a la actuación de la justicia en el llamado caso de la “Manada”. El 7 de julio de 2016, en las fiestas de San Fermín en Pamplona, tuvo lugar la violación grupal de una joven de 18 años por un grupo de cinco hombres autodenominados como “la Manada” [la meute].
En un primer momento, la justicia española, en su sentencia del 26 de abril de 2018, estimó que no hubo una violación sino un abuso sexual al considerar que los acusados no hicieron uso de la violencia. El mismo día, unas enormes manifestaciones feministas llenaron las plazas y calles de numerosas ciudades de la geografía española, algo que se repitió con la sentencia en apelación, en diciembre de 2018, que confirmó el primer fallo y la calificación de abuso. El clamor feminista quedó satisfecho tras la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia y condenar a “La Manada” a 15 años de cárcel por violación múltiple.
Fue en este contexto cuando los partidos políticos españoles decidieron dar un nuevo paso en el combate contra la violencia de género. El Congreso aprobó, en septiembre de 2017, el Pacto de Estado contra la violencia de género, que también contempla la violencia de género que se produce fuera del ámbito de la pareja como la trata de mujeres, el acoso o las mutilaciones genitales.
El pacto se apoya en el Convenio de Estambul, una convención del Consejo de Europa de 2011 que entró en vigor en 2014 en España y en el resto de Europa y que, precisamente, defiende una visión estructural y plural de la violencia machista.
El pacto de Estado contra la violencia de género defiende además una mayor cooperación de las instituciones públicas, una mayor implicación de las instituciones locales (municipios y comunidades autónomas) así como una mayor financiación, planeando un gasto público de 1.000 millones de euros a lo largo de los cinco años.
4. Una lucha cuestionada
Últimamente, el consenso en torno a la lucha contra la violencia de género se ha resquebrajado. Esto se debe al auge de Vox, un partido de extrema derecha nacido en 2013 y liderado por Santiago Abascal, un antiguo miembro del PP. Desde 2018, ha conseguido una representación parlamentaria significativa en distintos parlamentos autonómicos, especialmente en Andalucía, y en el Congreso de los diputados donde obtuvo 52 escaños en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.
En el ideario político de Vox figura su decidida oposición a la lucha contra la violencia de género. Es más: niega su existencia, al considerarla una creación ideológica de la izquierda y del movimiento feminista. Además, Vox la asimila a una medida discriminatoria para los hombres e incluso a una amenaza para las relaciones heterosexuales. Con su creciente peso electoral, este partido se ha convertido en una fuerza a menudo necesaria para constituir mayorías de derechas en el ámbito local (Andalucía, ayuntamiento de Madrid etc.).
En el marco de esta nueva situación política, el Partido Popular ha tenido un discurso sobre la violencia de género más ambiguo. Además, al PP le cuesta posicionarse respecto de un movimiento feminista que a veces se radicaliza y adopta un discurso anticapitalista.
Así sucedió en la marcha del 8 de marzo de 2019, motivo por el cual el PP decidió no participar por considerar esta manifestación “partidista”. En cambio, el 8 de marzo 2020, el partido de derechas acudirá a las concentraciones a favor de los derechos de la mujer.
En realidad, los politólogos no creen posible un verdadero acercamiento del PP a las posiciones de Vox en materia de violencia de género. Esto se debe a un motivo simple: para las mujeres votantes del PP, la violencia de género es una preocupación política fundamental, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
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Elsa
A propos d’Elsa : Normalienne (ENS lyon) passée par une prépa littéraire, Agrégée d’espagnol, Docteur ès Lettres et Civilisation hispanique, Maître de conférence à Paris III Nouvelle Sorbonne, membre du jury de l’ENS Ulm. Elle donne cours pour Groupe Réussite avec de nombreux élèves.